Uruguay: entra en vigor la ley de eutanasia y regula la “muerte digna”


Uruguay puso en marcha este miércoles la ley que regula la eutanasia, conocida como “muerte digna”, tras la firma del decreto reglamentario por parte del presidente Yamandú Orsi. La norma había sido aprobada por el Senado en octubre de 2025 y su implementación convierte al país en el tercero de la región y el undécimo en el mundo en legalizar la eutanasia activa.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, el mandatario explicó que la decisión fue el resultado de “un proceso largo de debate, reflexión y escucha”, y subrayó que “la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas”.

Orsi también recordó que meses antes se avanzó en la garantía de los cuidados paliativos, al considerar que “acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión en este terreno”. En ese marco, indicó que la reglamentación de la eutanasia se dio tras una discusión profunda, atravesada por dimensiones filosóficas, éticas y personales.

Cómo fue la aprobación

La ley fue sancionada en el Senado con el respaldo del oficialismo y sectores de la oposición. El texto obtuvo el apoyo de la bancada del Frente Amplio, junto a legisladores de otros espacios, y ratificó la versión que ya había recibido media sanción en Diputados meses antes.

De este modo, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en regular la eutanasia mediante una ley específica. En la región, otros países como Colombia y Ecuador habían despenalizado la práctica, aunque a través de fallos judiciales y no por vía legislativa.

Requisitos y procedimiento

La normativa establece que podrán acceder a la eutanasia personas mayores de edad, con aptitud psíquica, que atraviesen una enfermedad incurable e irreversible en etapa terminal o padezcan sufrimientos considerados insoportables, acompañados de un deterioro grave y progresivo en su calidad de vida.

Cada solicitud será evaluada por un equipo multidisciplinario dentro del sistema de salud, con informes médicos y psicológicos. Además, se garantiza que el paciente pueda revocar su decisión en cualquier momento del proceso.


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