Desde el miércoles las puertas del Ministerio de Economía permanecen bloqueadas por trabajadores de diversos sectores gremiales, quienes decidieron intensificar las medidas de acción directa en reclamo de apertura de la mesa de negociación salarial.
En lo que va de 2026, los sueldos estatales están congelados. Muchos no alcanzan el millón de pesos o apenas lo rozan. Incluso hay municipios en donde los trabajadores no llegan a los 700 mil pesos. La inflación, en cambio, no se detuvo: acumula cerca de un 13% en los primeros cuatro meses del año —a la espera del dato de mayo— y los servicios básicos, junto con la telefonía e internet, absorben alrededor del 20% de esos ingresos. Lo que queda alcanza para cada vez menos.
Los números del INDEC terminan de encuadrar la escena: una familia tipo necesitó en abril cerca de $1.470.000 para no ser considerada pobre. Ese umbral queda lejos de la realidad de muchos trabajadores estatales, sobre todo cuando se suma el alquiler. No hay forma de disimular esa distancia.
El viernes, el ministro Ezequiel Verbes intentó ingresar al edificio de Kirchner y 25 de Mayo. En la puerta lo esperaban Miguel del Plá (ADOSAC) y Gustavo Saldivia (ATE). Fue este último quien le comunicó que no podía pasar: el edificio estaba cerrado por decisión de los trabajadores y así permanecería hasta que hubiera, al menos, una fecha de paritarias.
Verbes sabía perfectamente el escenario. Un mes atrás había anticipado que la negociación se abriría en la segunda quincena de mayo. Nunca fijó fecha. Superado ese plazo, nada cambió. En ese contexto, su presencia en el edificio no fue leída como un gesto de gestión sino como una señal innecesaria. Desde ATE la calificaron directamente como una provocación. Más aún cuando el bloqueo llevaba ya 48 horas.
No hubo escándalo. Hubo algo más incómodo: un límite. Y tal vez eso fue lo que hizo enojar al ministro esa mañana cuando le pidió a Saldivia, a quien en un video viralizado no se lo escuchaba para nada desbordado, que baje el tono de la voz.
Días atrás, el gobernador inauguró el Mercado Concentrador Patagónico de frutas y verduras. Se trata de una política pública concreta, orientada a intervenir en la cadena de precios, reducir intermediarios y ofrecer una alternativa de abastecimiento. Es una decisión. Y como tal, merece ser reconocida.
Pero la contradicción que deja expuesta es difícil de soslayar.
El mismo Estado que organiza un mercado para bajar precios no logra —o no decide— sentarse a discutir salarios con sus propios trabajadores. La misma administración que demuestra capacidad ejecutiva –y así lo hace saber por medios oficiales- para una política de mediano plazo no encuentra respuesta para el conflicto más inmediato que tiene enfrente.
La tensión se profundiza si se amplía el foco. La lógica de intervención que supone un mercado concentrador se ubica en las antípodas del rumbo económico nacional. Sin embargo, ese mismo rumbo es acompañado en el Congreso por legisladores del espacio político que gobierna la provincia. No es un dato lateral. Es parte del problema.
Es posible que la convocatoria a paritarias llegue en las próximas horas. Nadie puede descartarlo. Debería ser así. Mañana o pasado. Quién sabe.
Pero aun si llega, algo ya quedó expuesto: la forma en que se administró la espera. Si las previsiones oficiales se corrían más allá de mayo, ¿qué impedía fijar una fecha para junio? ¿Qué dificultad había en decir “la discusión empieza tal día”? No resolvía el conflicto, pero evitaba esto: la acumulación de malestar, la prolongación de las medidas de fuerza, la sensación de que del otro lado no hay conducción sino dilación.
Cuando faltan certezas, no crece la paciencia. Crece el desgaste.
Un desgaste que recae sobre un sector que, además, viene siendo golpeado en el plano nacional y, más recientemente, también desde discursos provinciales que cuestionan a los propios trabajadores. En un contexto donde la figura del empleado estatal vuelve a ser objeto de estigmatización, ese tipo de intervenciones no ordena: erosiona. Sobre todo cuando proviene de quienes forman parte del mismo Estado.
Se puede discutir eficiencia, revisar estructuras, incluso hablar de optimización de recursos humanos —aunque muchas veces funcione como eufemismo—. Pero esas discusiones requieren algo previo: decisión política, claridad y trabajo. Y, sobre todo, una definición sobre qué Estado se pretende construir.
Nadie reclamaba con urgencia un mercado concentrador. Lo que aparece todos los días —en oficinas, escuelas y calles— es otra cosa: salarios que no alcanzan, economías familiares que se ajustan, sectores enteros esperando que algo, de una vez por todas, empiece a moverse.
Es cierto que no todo depende de la provincia. Pero el tiempo corre igual para todos. Y el calendario marca que ya transcurrió medio año sin una sola propuesta salarial para los trabajadores estatales.
Seis meses sin una sola propuesta salarial. No es un problema técnico.
Es una decisión política.
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