El 3 de junio de 2015, el nombre de Chiara Páez dejó de pertenecer únicamente a una adolescente santafesina asesinada en Rufino para convertirse en un símbolo. Su femicidio dio origen a una de las movilizaciones más importantes de la historia reciente argentina. Bajo una consigna sencilla y contundente “Ni Una Menos”, cientos de miles de personas ocuparon plazas y calles para exigir que la violencia machista dejara de cobrarse vidas.
Once años después, el país vuelve a marchar.
Esta vez, la fecha encuentra a la sociedad conmocionada por los asesinatos de Agostina Vega, en Córdoba, y Dulce María Candia, en Misiones. Dos nombres que se suman a una lista que no deja de crecer. Según el Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos de Mumalá, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2026 se registraron 105 femicidios en Argentina. La cifra equivale a una muerte violenta cada 35 horas. A ella se agrega otro dato menos visible, pero igualmente alarmante: 420 intentos de femicidio durante el mismo período.
Los números, sin embargo, cuentan sólo una parte de la historia.
La persistencia de los femicidios obliga a preguntarse qué ocurrió durante estos once años. La respuesta tiene muchas aristas. Hubo transformaciones culturales profundas. La violencia de género adquirió una visibilidad impensada tiempo atrás. Se crearon programas de asistencia, dispositivos de acompañamiento, líneas de atención y mecanismos de protección. Pero también es cierto que la violencia continúa produciendo víctimas y que muchas de aquellas herramientas atraviesan hoy un proceso de debilitamiento o desfinanciamiento. En nuestro país, se habla de inversión en cualquier cosa, menos en atención a las personas en estado de vulnerabilidad.
Pero la paradoja es evidente: mientras la problemática conserva una dimensión dramática, las capacidades estatales para prevenirla y abordarla aparecen cada vez más limitadas.
Los propios datos del informe sugieren esa lectura. Apenas el nueve por ciento de las víctimas había denunciado previamente a su agresor. El porcentaje constituye el registro más bajo de los últimos años. No necesariamente porque la violencia haya disminuido, sino porque muchas mujeres ya no encuentran en las instituciones una respuesta capaz de garantizar protección efectiva.
Más preocupante aún resulta otro indicador: de las mujeres que sí denunciaron, tres de cada cuatro tenían medidas de restricción o perimetrales vigentes que no evitaron el desenlace fatal. Es decir, el problema no pasa únicamente por acceder a la Justicia, sino también por la eficacia de las herramientas destinadas a resguardar a quienes se encuentran en situación de riesgo.
La mayoría de los crímenes sigue ocurriendo en espacios que deberían representar refugio y seguridad. Más de la mitad fueron cometidos dentro de la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido con el agresor. En casi la mitad de los casos, además, el asesino era la pareja o expareja. La violencia extrema continúa teniendo un rostro conocido.
Las consecuencias se extienden mucho más allá de las estadísticas. En los primeros cinco meses del año, al menos 48 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos de madre. Detrás de cada femicidio, por si hiciera falta recordarlo, hay familias atravesadas por pérdidas irreparables, comunidades golpeadas y proyectos de vida abruptamente interrumpidos.
También hay otra discusión que emerge en este contexto. Mientras algunos sectores políticos impulsan iniciativas para endurecer sanciones contra las denominadas "falsas denuncias", los datos muestran una realidad diferente. Según los relevamientos, más del 60 por ciento de las víctimas que tenían antecedentes conocidos de violencia nunca había denunciado. El problema, entonces, parece estar menos vinculado a un supuesto abuso de las herramientas judiciales que a las dificultades concretas que muchas mujeres siguen encontrando para acceder a ellas o confiar en que puedan protegerlas.
A once años del primer Ni Una Menos, la pregunta sigue abierta. No se trata únicamente de cuántos femicidios ocurren, sino de qué herramientas existen para evitarlos. La emergencia que movilizó a gran parte del país en 2015 no desapareció. Por el contrario, continúa expresándose en nuevos nombres, nuevas víctimas y nuevas marchas.
La historia que comenzó con Chiara Páez encuentra hoy otros rostros. Agostina Vega y Dulce Candia son parte de esa dolorosa continuidad. Por eso, cada 3 de junio vuelve a resonar la misma demanda que dio origen al movimiento: llegar a tiempo. Porque detrás de cada cifra hay una vida que pudo haber sido salvada.
En definitiva, los femicidios continúan siendo la expresión más extrema de la violencia de género en la Argentina. Y los tiempos que nos tocan transitar en nada parecen estar contribuyendo a la reducción de los casos.
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